sábado, 29 de outubro de 2016

Marcelo Varnoux Garay
cientista político

Si eventualmente los resultados del Sí y el No a la reforma parcial de la CPE son ajustados, la distorsión del padrón electoral podría inclinar la balanza en favor, por supuesto, del oficialismo.

No cabe duda que los vocales del anterior Tribunal Supremo Electoral  protagonizaron un papel de fundamental importancia para los objetivos políticos del oficialismo. La circular 071 de diciembre de 2014, la suspensión de la candidatura de UD en el Beni y la grosera violación del principio de preclusión en Chuquisaca devaluaron derechos civiles y políticos fundamentales, pero consiguieron "fraguar” resultados favorables a varios candidatos del MAS.

El daño propiciado por los exvocales a la democracia boliviana es extenso y profundo, por lo que en algún momento tendrán que rendir cuentas de sus actos ante la justicia.
Sobre los actuales vocales del TSE todavía se ciernen más dudas que certezas. La sombra de una dependencia política respecto del oficialismo no ha conseguido disiparse y la ciudadanía desconfía de su transparencia. Hasta el momento sus actuaciones no se han orientado, precisamente, a iniciar el proceso de reparación de los daños provocados por sus antecesores, más al contrario, se presentan ambiguas e incluso contradictorias.
Algunos ejemplos de lo afirmado: su presidenta defendió el principio de preclusión por el cual los vocales departamentales de Chuquisaca anularon más de 9.000 votos del FRI, lo que permitió la victoria del candidato del MAS a la Gobernación en primera vuelta. Sin embargo, el proceso que ha instaurado el TSE contra estas personas no aborda el problema de fondo (elección irregular del gobernador masista) y las sanciones impuestas son, prácticamente, un saludo a la bandera, ya que dejan en la impunidad la comisión de un delito electoral según la norma.
En octubre de este año el TSE no permitió que Página Siete publicara una encuesta que indaga el porcentaje de personas a favor de la re-reelección de Evo Morales, aduciendo que esto implicaría una especie de "inducción del voto”. Sin embargo, pocos días después, no se pronunció sobre una encuesta, sobre el mismo tema, que publicó IPSOS en varios medios de comunicación. Y así…
Al parecer, en el interior del grupo de vocales existen tensiones y criterios contrapuestos que pueden colocar en riesgo el desempeño del Órgano Electoral y afectar, por ejemplo, el proceso del referendo convocado para febrero de 2016, en el que se consultará a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la reforma parcial de la CPE para viabilizar la re-reelección de Morales y García Linera.
En medio de estas dudas aparecen las grandes tareas que el TSE debe realizar para intentar recuperar la credibilidad ciudadana. La más importante, por supuesto, es la auditoría y/o debida depuración del padrón electoral. Sobre el particular, es preciso recordar que en 2009, cuando Antonio Costas presidía la extinta Corte Nacional Electoral, se constituyó el padrón biométrico con el fin de resolver un tema pendiente por años: la inflación del padrón electoral. En ese momento, Costas indicó que la tarea estaría respaldada por una impresionante plataforma tecnológica que podría realizar algunas de las siguientes tareas: si usted se cambió de domicilio entre dos eventos electorales, el sistema podría detectar esto y habilitar su nueva dirección eliminando la antigua de forma automática. De igual forma, las personas que fallecieran deberían ser automáticamente depuradas del padrón. En fin, el sistema parecía destinado a resolver un problema complejo.
Pero resulta que el padrón biométrico, según expertos de la OEA, es vulnerable a manipulaciones informáticas (hackeo) y al parecer es una lista de nombres, fotos y huellas que no están vinculadas con los datos del Sereci. Y es que desde 2009 nadie ha realizado una auditoría completa del mismo, agravando el problema de la ya referida inflación del padrón electoral. Cuando fue director del SEGIP, Antonio Costas denunció la existencia de más de 600 mil cédulas de identidad duplicadas que constituyen un verdadero riesgo en cualquier evento electoral, ya que fácilmente pueden distorsionar el resultado de la voluntad del pueblo (con un margen de entre 8 y 10%). ¿Qué ha hecho Costas desde el TSE para resolver este problema?
Si eventualmente los resultados del Sí y el No a la reforma parcial de la CPE son ajustados, la distorsión del padrón electoral podría inclinar la balanza en favor, por supuesto, del oficialismo, ya que seguramente habrán personas que voten dos y hasta tres veces; posiblemente también lo hagan un número indeterminado de fallecidos. Entonces, ¿hasta dónde es cierta la voluntad de los actuales vocales del TSE de rescatar a la institución del hoyo en el que la han dejado los anteriores titulares?
Nos encaminamos hacia un referendo en el que el oficialismo ha declarado que se "juega la vida”, y habrá que añadir también que los bolivianos nos jugamos la viabilidad de nuestra "democracia”. ¿Qué garantías ofrecen los actuales vocales del TSE para que la voluntad del pueblo se exprese fidedignamente, sin distorsiones y/o sospechas de fraude? En términos sencillos, los Costas, los Exenis y el resto deben demostrar al país que no son simplemente los "mandaderos” del MAS, como fue el caso de Ovando y compañía. Deben convencernos de que ya no juegan un rol político en la validación y/o distorsión de la voluntad popular expresada en las urnas.

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